Bienvenido a nuestro FAQ (Frequently Asked Questions) - Preguntas Frecuentes

MATRIMONIO EN COLOMBIA

DIVORCIO EN COLOMBIA

 Causales de Divorcio en Colombia.

Nota: Los divorcios en Colombia se pueden llevar a cabo en los Juzgados de Familia o en notarías. En caso de querer ser tramitado ante un notario este debe ser de mutuo acuerdo ya que si no hay acuerdo entre la pareja de esposos sobre la separación, éste debe hacerse en un juzgado. 

Cuales son los documentos necesarios para tramitar divorcio ante Notario.

• Poder conferido por ambos cónyuges a un abogado el cual debe estar debidamente autenticado
• Copia auténtica del Registro Civil de Matrimonio
• Copia de los registros civiles de nacimiento de los interesados
• Acuerdo de Divorcio debidamente firmado por ambos conyugues
• Si hay hijos menores de edad, anexar los repsectivos Registros Civiles de Nacimiento.
• Si previamente los esposos han efectuado la liquidación de la sociedad conyugal, anexar la respectiva Escritura, Sentencia de Juzgado o Acta de Conciliación que la contenga.  En su defecto el Acuerdo de Divorcio debe contener la respectiva Liquidación de Sociedad Conyugal.

Fuente: http://www.notaria9.com.co/html/divorcios.html   

ADOPCION EN COLOMBIA

AYALA, NAVIA & ASOCIADOS se permite presentar la información general relacionada con los procesos de adopción, tales como, cuales son los requisitos para adoptar en colombia?, Quienes pueden adoptar en Colombia?, Documentos necesarios para adoptar en Colombia y demás información relacionada con este tema de gran importancia. (Nota: Nosotros no somos una agencia de adopciones).

¿Quiénes pueden adoptar en Colombia según el régimen legal?

De acuerdcon el Art. 68 del Código de la Infancia y la Adolescencia (Ley 1098 de 2006) pueden hacerlo:

• Los cónyuges (esposos).
• Las personas solteras, viudas o separadas.
• La pareja formada por un hombre y una mujer que demuestre una convivencia ininterrumpida de por lo menos dos años. Este término se contará a partir de la sentencia de Divorcio, si alguno de ellos hubiera estado casado o con un vínculo matrimonial anterior.
• El guardador al pupilo o ex pupilo, una vez aprobadas las cuentas de su administración.
• El cónyuge o compañero permanente, al hijo del cónyuge o compañero, que demuestre una convivencia ininterrumpida de por lo menos dos años.

 ¿A quiénes se puede adoptar en Colombia?

En Colombia, se puede adoptar a:

• Niñas, niños o adolescentes menores de 18 años con declaratoria de adoptabilidad. (Art. 63)
• Niñas, niños o adolescentes cuya adopción haya sido consentida previamente por sus padres. (Art. 63)
• Niñas, niños o adolescentes de 18 años cuya adopción haya sido autorizada por el defensor de familia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, cuando el niño no se encuentre en situación de adoptabilidad y carezca de representante legal.
• También, puede adoptarse: Al hijo de uno de los cónyuges o compañero (a) permanente, que podrá ser adoptado por el otro.
• Podrá adoptarse al mayor de edad, cuando el adoptante hubiera tenido su cuidado personal y hubiera convivido con él bajo el mismo techo, por lo menos dos años antes de que éste cumpliera los 18 años. (Art. 69) Código de la Infancia y la Adolescencia Ley 1098 de 2006.

Que documentos necesito tener para poder adoptar? 

Documentos que se requiere anexar a la solicitud de adopción para que sean estudiados por el ICBF e instituciones autorizadas para desarrollar el programa de adopción

A continuación se encuentran detallados los documentos que deben anexarse al formulario Solicitud de Adopción. 

1.     Registro civil de nacimiento de los solicitantes con las anotaciones marginales correspondientes.

2.     Registro civil de matrimonio de la pareja solicitante o prueba idónea de la convivencia extramatrimonial (Artículo 124, parágrafo de la Ley 1098 de 2006).

3.     En caso de matrimonios anteriores, sentencia de divorcio en la cual consten las causas que lo motivaron.  

4.     Certificado vigente (de menos de seis meses de expedición) de antecedentes penales, expedido por autoridad competente   (certificado judicial).

5.     Certificado de capacidad económica (expedido por el empleador sobre sueldo y tiempo de servicio) escrituras, declaración de renta.

6.     Certificado de buena salud física expedido por médico legalmente autorizado.

7.     Los extranjeros residentes en Colombia deben acreditar, mediante prueba documental, su permanencia previa y posterior en el País.

8.     Registros civiles de las niñas, niños o adolescentes adoptados por los solicitantes.

9.     Estudio social y psicológico elaborado por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar o las instituciones autorizadas para las familias residentes en Colombia.  

Nota: Los documentos indicados en los numerales 4 a 8 deben   acreditar  la   idoneidad  física,  mental,  moral,  social  y   económica suficiente de los solicitantes para suministrar un hogar adecuado y estable al menor de 18 años (Artículos 124 y 125 de la Ley 1098 de 2006). 

Documentos requeridos a extranjeros que quieran adoptar en Colombia

.1.     Compromiso de seguimiento tras la adopción certificado por dos años.

2.     Autorización del Gobierno de la familia adoptiva para el ingreso del niño o niños adoptantes

3.     Certificado de nacionalidad o registro civil del o los niños adoptados.

4.     Los documentos deben entregarse en originales y con apostille, es decir, legalizados internacionalmente.

5.     Todos los documentos serán traducidos al idioma español por un traductor legalmente reconocido en Colombia. Tras entregar los anteriores documentos, posteriormente le será comunicada la aprobación o rechazo de su solicitud a través del comité de adopciones de la regional correspondiente, donde adelantó el proceso.

Las solicitudes aprobadas ingresarán a una lista de espera, después de darles un orden consecutivo y cronológico de acuerdo con la fecha de aprobación y según las características de los niños solicitados y la disponibilidad de ellos para su adopción.

Asignada la familia a la niña, niño o adolescente, le será comunicado este hecho a la familia indicándole su nombre adjuntando su fotografía, los informes sociales y médicos, y otra información relacionada con la situación particular del niño que le permita la toma de una decisión consciente para continuar con el proceso.

Finalmente, se requerirán los servicios de un abogado para que presente ante el juez de familia o promiscuo de familia, la demanda correspondiente, puesto que la adopción requiere de sentencia judicial.

 A dónde dirigirse para iniciar el proceso de Adopción.

• Si es colombiano o extranjero y reside en Colombia:

Diríjase a las oficinas del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar más cercano a su sitio de residencia, como:

• Centros zonales del ICBF.
• Regionales del ICBF.
• Seccionales del ICBF.
• Instituciones autorizadas por el ICBF, conocidas como Casas de Adopción(ver datos en la página web del ICBF).
• En el Grupo de Adopciones de la Subdirección de Intervenciones Directas del ICBF en Colombia ubicada en la Av.Carrera 68 No.- 64 C -75 Teléfono PBX: 4377670 Ext. 2321-2323 Fax. Ext. 2326  Bogotá D.
• Si es colombiano o extranjero residente en el exterior:

PROCESO DE ADOPCION - ETAPAS La adopción tiene dos etapas:

Etapa uno

Judicial. La adopción es decretada a través de sentencia judicial en los Juzgados de Familia, cuya sentencia debidamente ejecutoriada establece la relación paterno–filial.

Los lineamientos técnicos se constituyen en una herramienta a  través de la cual el ICBF,  tiene la posibilidad de seleccionar las familias que garanticen un hogar estable y seguro  que garantice el desarrollo armónico del niño.

• La adopción es irrevocable
• El adoptivo llevará los apellidos de los adoptantes
• Por la adopción el adoptivo deja de pertenecer a su familia biológica y se extingue todo parentesco de consanguinidad
• Los trámites que se adelanten en el ICBF en relación con las adopciones son totalmente gratuitos.

  Fuente: www.icbf.gov.co  

SUCESIÓN ANTE NOTARÍA en Colombia

Estas solo pueden tramitarse en una notaría, solo si existe mutuo acuerdo entre los llamados a heredar. Por otro lado, Dependiendo del monto, se requiere de abogado, es decir, que si el activo de la herencia es inferior a Quince (15) salarios mínimos, $6.505.000 para el año 2007, no se requiere abogado; si se supera ese monto, no es necesario apoderado.

La documentación varía dependiendo de quienes adelanten la sucesión, pero generalmente los documentos que se deben aportar son los siguientes:

- Registros civiles de nacimiento auténticos de herederos

- Registro de matrimonio auténtico del causante

- Registro de defunción auténtico

- Comprobantes fiscales de los inmuebles que haya en el acervo herencial, se requiere la escritura anterior,

- Una completa descripción de los bienes muebles y si hay vehículos, tarjeta de propiedad.

El abogado debe hacer una solicitud al señor notario para tramitar la liquidación de la herencia, con presentación personal, así como la diligencia de inventarios y avalúos y el trabajo de partición y adjudicación de hijuelas

El derecho de alimentos es aquél que le asiste a una persona para reclamar de la persona obligada legalmente a darlos, lo necesario para su subsistencia, cuando no está en capacidad de procurárselo por sus propios medios. Así, la obligación alimentaria está en cabeza de quien, por ley, debe sacrificar parte de su propiedad con el fin de garantizar la supervivencia y desarrollo del acreedor de los alimentos.

CONDICIONES PARA LA RECLAMACION DE ALIMENTOS

Para poder reclamar alimentos, es necesario que se cumplan estas condiciones: que una norma jurídica otorgue el derecho a exigir los alimentos; que el peticionario carezca de bienes y, por tanto, requiera los alimentos que solicita; que la persona a quien se le piden los alimentos tenga los medios económicos para proporcionarlos. A nivel procesal, es menester demostrar el parentesco o la calidad de acreedor del derecho de alimentos según las normas aplicables; dirigir la demanda contra la persona obligada a dar alimentos y, por último, probar que se carece de bienes de tal forma que no puede asegurarse su subsistencia.

¿QUIÉN TIENE DERECHO DE ALIMENTOS?

JURISPRUDENCIA DERECHO ADMINISTRATIVO

El artículo 30 de la Constitución Política de 1991 consagró el habeas corpus como una garantía fundamental para la protección de la libertad personal, razón por la cual estableció que toda persona que estuviera privada de ésta y considera estarlo ilegalmente, tiene derecho a invocar dicha acción, ante cualquier autoridad judicial y en todo tiempo, por sí o por interpuesta persona, debiendo resolverse en el término de treinta y seis (36) horas.

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La Ley 1095 de 2006 en su artículo 1,estableció una doble naturaleza para el Habeas Corpus, según la cual es un derecho fundamental y a la vez, una acción constitucional establecida para proteger la libertad personal en los siguientes eventos: a) Cuando alguien es privado de la libertad con violación de las garantías constitucionales o legales, es decir de forma arbitraria y sin respetar las formalidades y los requisitos establecidos en la ley procesal para tal efecto. b) Cuando dicha privación de la libertad se prolongue ilegalmente en el tiempo.

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Adicionalmente la mencionada norma prevé que para la decisión deberá aplicarse el principio pro homine, que esta acción sólo podrá invocarse por una vez y que su aplicación no se suspenderá ni siquiera en vigencia de los estados de excepción. Se concluye que el Habeas Corpus,como erecho fundamental implica una garantía del individuo a que se le respete su libertadpersonal y como acción constitucional supone la posibilidad de acudir mediante un procedimiento idóneo, a un juez de la república para que determine en qué circunstancias una persona se encuentra privada de la libertad con la finalidad de corroborar si tal situación viola o desconoce garantías constitucionales o si dicha privación se prolonga en el tiempo ilegalmente.

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STELLA CORREA PALACIO

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DELEGACIÓN EN CONTRATACIÓN ESTATAL Y ACCIÓN DE REPETICIÓN

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EL parágrafo 4º del artículo 2º de la ley 678, fue declarado exequible por la Corte Constitucional en el entendido que sólo puede ser llamado el delegante cuando haya incurrido en dolo o culpa grave en el ejercicio de sus funciones. A juicio de la Corte, no es admisible que el acto de delegación pueda constituir una “barrera de protección o inmunidad” para el delegante, pero tampoco éste puede responder siempre por las decisiones que tome el delegatario, ya que se trata de dos alternativas incompatibles con los principios que gobiernan la responsabilidad del servidor público

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Ello en atención a que no es posible darle una lectura aislada y meramente literal al artículo 211 Constitucional, que protegiera automáticamente al delegante, pues con esta interpretación se dejarían de lado los principios de unidad administrativa y de titularidad de los empleos públicos, como fundamento de la competencia de las autoridades públicas. Pero tampoco es admisible el extremo opuesto según el cual el delegante responderá siempre por las actuaciones del delegatario, por cuanto se abandonaría el principio de responsabilidad subjetiva de los servidores públicos, de tal manera que inexorablemente respondan por las decisiones de otros. Asimismo en cuanto hace a la delegación en materia de contratación, el parágrafo del artículo 12 de la ley 489 en cita prescribe que el acto de la firma expresamente delegada, no exime de la responsabilidad civil y penal al agente principal.

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Conviene aclarar que en consonancia con este precepto, si bien es cierto que la competencia para celebrar contratos estatales fue radicada por la ley en el jefe o representante legal de la entidad estatal (art. 11 de la ley 80 de 1993), el artículo 12 eiusdem señala que los titulares de dicha atribución podrán delegar total o parcialmente la competencia para celebrar contratos, así como autoriza “desconcentrar” en los servidores públicos que desempeñen cargos de nivel directivo o ejecutivo o en sus equivalentes, para que de esta suerte participen en la gestión de la actividad contractual de la entidad estatal. En este punto, el artículo 37 del decreto 2150 de 1995 dispuso que los jefes y los representantes legales de las entidades estatales podrán delegar total o parcialmente la competencia para la realización de licitaciones o concursos o para la celebración de contratos, sin consideración a la naturaleza o cuantía de los mismos, en los servidores públicos que desempeñen cargos del nivel directivo o ejecutivo o en sus equivalentes.

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Sentencia de 31 de julio de 2008, Exp. AP-25000-23-26-000-2005-00240-01. M.P. RUTH STELLA CORREA PALACIO

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RECONOCIMIENTO DE PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES A PADRES DE SOLDADO MUERTO EN COMBATE. APLICACIÓN DE NORMA DESTINADA A OFICIALES Y SUBOFICIALES. PROTECCIÓN DEL GRUPO FAMILIAR

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Si bien la normatividad en cita (Ley 447 de 1998) establece el reconocimiento de una pensión a favor de los beneficiarios del soldado muerto, la misma no es aplicable al sub lite porque la norma entró a regir el 21 de julio de 1998 y la muerte del soldado ocurrió el 6 de noviembre de 1996, es decir, 8 meses antes de la entrada en vigencia de la Ley 447 de 1998.Sin embargo, la finalidad de la norma aludida es proteger al grupo familiar del soldado muerto en la prestación del servicio militar oficial y brindar una ayuda para que sus integrantes no queden desamparados, razón ésta que permitiría aplicar el beneficio pensional consagrado en el Decreto 1211 de 1990 a favor de los oficiales y suboficiales, también a los soldados que prestando el servicio militar son muertos en combate. Igualmente, de conformidad con la sentencia del 1 de abril de 2004, Exp. No1994.03, M.P. Nicolás Pájaro, los demandantes en su calidad de padres del soldado muerto en combate, tienen derecho a la pensión consagrada en el artículo 189 del Decreto 1211 de 1990 teniendo en cuenta que el causante fue merecedor de un ascenso al grado de Cabo Segundo que lo ubica dentro de los suboficiales beneficiarios de dicha prestación (artículo 5 del Decreto 1211 de 1990).

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Sentencia del 30 de octubre de 2008, Exp. No 2000-01274 (8626-2005), M.P. BERTHA LUCIA RAMÍREZ DE PÁEZ

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CADUCIDAD DE LA ACCIÓN EN PRESTACIONES PERIÓDICAS – RECTIFICACIÓN JURISPRUDENCIAL PERMITIENDO SU PRESENTACIÓN EN CUALQUIER TIEMPO

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Pareciera que el Tribunal Constitucional esta vez, reiterara su tesis en sentido de que la discriminación que restringe la exención de caducidad en el debate sobre prestaciones periódicas respecto del acto negativo, es constitucional simplemente porque la opción elegida por el Legislador aparece como una potestad in situ de la misma organización política del Estado.

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Es evidente en consecuencia que no aborda ningún análisis material, y su criterio lo delimita al examen de competencias permitiendo entonces que sea el intérprete de la norma quien profundice sobre los contenidos de su aplicación; de ahí, esta Sala encuentra fundamento para examinar el alcance hermenéutico que facilite la aplicación del precepto procesal de modo que no estorbe sino que permita en condiciones de equidad la vigencia del derecho sustancial en discusión, que vale la pena reiterarlo, no es otro que el derecho a la seguridad social como garantía constitucional de los ciudadanos y con aplicación reforzada en personas de la tercera edad. El artículo 48 de la Constitución Política, habilita el carácter irrenunciable del derecho a la seguridad social, y en esa misma dimensión el artículo 46 ibidem, constitucionaliza el amparo prevalente frente a la protección y asistencia de las personas de la tercera edad. 

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Estos dos preceptos constitucionales que suponen protección frente a situaciones de necesidad, resultarían completamente ineficaces a la interpretación consolidada que no exime de caducidad a los actos que niegan prestaciones periódicas, y teniendo en consideración que los mandatos constitucionales suponen principios para la protección de derechos fundamentales, es evidente para esta Sala que el alcance regulador del numeral 2 del artículo 136 del C.C.A., debe ser reinterpretado en el sentido de exonerar del término de caducidad a los actos que niegan prestaciones periódicas.

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Sentencia de 2 de octubre de 2008, Exp. 25000-23-25-000-2002-06050-01(0363-08), M.P.GUSTAVO EDUARDO GÓMEZ ARANGUREN.

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INVESTIGACIONES DEBEN ASUMIRSE COMO UN DEBER JURÍDICO PROPIO

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La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que las investigaciones deben ser asumidas por el Estado como un deber jurídico propio y no como una simple investigación de intereses particulares, que dependan de la iniciativa procesal de las víctimas o sus familiares. En otras oportunidades ha sostenido que si bien la obligación de investigar constituye de por si una obligación de medio, la que no es incumplida por el solo hecho de que la investigación no produzca un resultado satisfactorio. Sin embargo, debe emprenderse con seriedad y no como una simple formalidad condenada de antemano al fracaso o a resultados infructuosos. Debe tener un sentido y ser asumida por el Estado como un deber jurídico propio, pues, si sus hechos no son investigados con seriedad, dicha conducta también merece ser reprochada por el juzgador. En casos como el presente, la Sala debe ser mayormente cuidadosa en valorar la conducta asumida por las partes en la búsqueda de la verdad y de la resolución del conflicto con ajuste al derecho, pues solo por ese camino se legitima el sistema jurídico.

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Sentencia de 13 de noviembre de 2008, Exp. 05001233100019920149001(16.741). M.P.MYRIAM GUERRERO DE ESCOBAR

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NATURALEZA JURÍDICA Y AUTONOMÍA DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN

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La Ley 678 de 2001 calificó la acción de repetición como una acción de carácter civil –art. 2-, lo cual implica que su fundamento y propósito se circunscriben a un ámbito netamente patrimonial. En este sentido, el objeto directo de la acción consiste en reembolsar el dinero pagado por el Estado, a título de indemnización a favor de la víctima del daño antijurídico, causado por el actuar doloso o gravemente culposo de sus agentes.

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En este entendimiento, la acción de repetición es una especie de la clásica acción de reparación directa, pues pretende resarcir el daño producido al erario. Cabe advertir, que la participación procesal de la entidad estatal en ambas acciones es diferente, pues frente a la acción de reparación directa –art. 86 CCA-, el ente público actúa, generalmente, como parte demandada, mientras que en ejercicio de la acción de repetición, la entidad es quien acude ante la jurisdicción en calidad de demandante. 

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De otra parte, considerando la autonomía de la acción de repetición, se debe tener en cuenta que su ejercicio -por parte de las entidades públicasno se fundamenta en la figura jurídica de la subrogación, como se ha señalado, debido a que el Estado no requiere para su interposición sustituir a la víctima indemnizada, pues ejercita un derecho primigenio, otorgado directamente por la Constitución. Esta autonomía que se predica de la acción de repetición debe entenderse conforme a lo dispuesto en el artículo 90 Constitucional, norma que creó un mecanismo procesal netamente independiente, esto en razón a que no existe otra clase de acción que la reemplace en sus cometidos. Pero, así mismo, debe considerarse que su procedencia requiere la condena judicial previa en contra de la entidad pública, y la prueba del pago de la indemnización respectiva, estableciéndose –ambos- como requisitos de procedibilidad, que podrán –incluso-aportarse al proceso en la etapa probatoria.

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Cabe advertir que en virtud de esta última situación no puede caracterizarse la acción de repetición como “subsidiaria”, pues la norma Constitucional creó un mecanismo procesal verdaderamente autónomo, y no accesorio a otra acción o proceso, sólo que condicionó su procedencia al cumplimiento de ciertos requisitos.

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Precisado lo anterior, es necesario advertir que la responsabilidad patrimonial del agente estatal y,por tanto, el ejercicio de la acción de repetición y sus consecuencias jurídicas, no pueden catalogarse en términos de sanción, pues es imposible irrogarle cualquier carácter punitivo a un mecanismo procesal de naturaleza netamente resarcitoria, a través del cual el Estado persigue, únicamente, la reparación de su patrimonio. En conclusión, la acción de repetición tiene naturaleza eminentemente resarcitoria o indemnizatoria, de carácter público, cuya finalidad es la protección del patrimonio y de la moralidad pública, y la promoción del ejercicio de la función pública con eficiencia.

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b). DOLO MALO

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Para la Sala, el dolo de realizar una conducta irregular tiene que expresarse en un ánimo claro de dañar y causar perjuicio, sin causa diferente a la pura intencionalidad de realizar un capricho o antojo, que, desde luego, no se compadece con la satisfacción del interés general. Por el contrario, lo que se advierte en el caso específico es que el Alcalde y el Secretario actuaron movidos por una razón que, de existir –la realización de actos de corrupción-, justifica la medida adoptada. Para ello se valieron de una versión que les sonaba creíble; y si acaso se pudiera criticar y cuestionar su actuación, se considera que no puede ser por haber actuado con dolo o culpa grave.

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Ahora bien, lo  que no se puede considerar es que el dolo consiste en determinar si el Alcalde y el Secretario efectivamente querían declarar insubsistente al empleado por el cual fue condenada la entidad estatal –de esto no cabe la menor duda, pues esa fue la decisión de estos funcionarios-. Este no es dolo que hace responsable a un funcionario en una acción de repetición.

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En esta clase de procesos lo que se indaga es por la intención de hacer algo indebido, o por la culpa imperdonable de hacerlo, no por la simple intención de ejecutarlo. De hecho, en un entendimiento amplio del dolo, ese tipo de intencionalidad se presenta incluso para hacer las cosas correctas, pues para ello también se necesita desear el resultado bueno. No obstante, tratándose de la acción de repetición se requiere actuar con dolo malo o culpa grave para hacer las cosas incorrectas. Esto es lo que la Sala no aprecia en el caso sub iudice, pues los demandados, a juzgar por las pruebas del proceso, actuaron convencidos de la necesidad de corregir una mala práctica que un funcionario realizaba en la entidad, la cual hacía quedar mal a la administración pública.

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ELEMENTOS PARA LA CONFIGURACIÓN DEL ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA Y PROCEDA LA ACCIÓN IN REM VERSO

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1) Que haya un enriquecimiento en el patrimonio de una persona;

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2) Que exista un empobrecimiento correlativo en el patrimonio de otra;

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3) Que el enriquecimiento y el empobrecimiento presentando no tenga una causa jurídica que lo sustente, lo que equivale a decir que debe ser injusto e ilegítimo;

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4) Que el empobrecido no tenga otro medio para reclamar y obtener compensación de su detrimento frente al enriquecido, es decir, que la acción emerja con carácter subsidiario, evitando que ella se convierta en la vía general y principal a fin de resolver todo conflicto; y

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de la ley.

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Sentencia de 1 de octubre de 2008, Exp. 25000232600019970462001 (16.849). M.P. RUTH STELLA CORREA PALACIO

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.CONSEJO DE ESTADO NEGÓ LA NULIDAD DEL DECRETO 2912 DE 2001 QUE ESTABLECE EL RÉGIMEN SALARIAL Y PRESTACIONAL DE LOS DOCENTES UNIVERSITARIOS OFICIALES

Por cuanto, de conformidad con las normas constitucional (art. 150, num 19, lits, e) y f) y legales citadas (Lys. 4/92 y 30/92) se evidencia que el Gobierno Nacional tenía competencia para establecer el  régimen salarial y prestacional del personal docente de las universidades estatales u oficiales de los órdenes Nacional, Departamental, Municipal y Distrital. En relación con el capítulo II del decreto 2912 de 2001 reguló lo relacionado con la asignación de puntos para la remuneración inicial de los docentes que ingresaran por primera vez o reingresaran a la carrera docente, o para los que procedieran de otro régimen y en su artículo 3° estableció los factores para la asignación de puntos salariales, dentro de los cuales aparece una excepción en relación con la productividad académica (lit. d) y excluyen las actividades de dirección académico – administrativas, es preciso señalar que el hecho de que la legislación precedente (D. 1444/92), regulara de una manera determinada el sistema de puntaje para establecer los salarios de los docentes oficiales, no significa que así debía permanecer inalterable, porque los derechos adquiridos no se desconocen por los cambios que se introducen a la  normatividad, laboral en este caso, sino cuando una legislación posterior modifica o elimina los derechos que se hubiesen consolidado en vigencia de la antigua norma y que por ende se hubiesen incorporado al patrimonio del trabajador.

Por último, el decreto demandado al establecer el régimen salarial y prestacional de los docentes universitarios estatales, no vulneró la autonomía universitaria por ser competencia del Gobierno Nacional. 

Sentencia del 21 de agosto de 2008, Exp. 2002- 0121(2549-2002), M.P. BERTHA LUCIA RAMÍREZ DE PÁEZ  

CONSEJO DE ESTADO:  DECLARACIÓN DE INSUBSISTENCIA POR ABANDONODEL CARGO NO EXIGE PROCESO DISCIPLINARIO PREVIO - DIFERENCIAS ENTRE EL TRÁMITE ADMINISTRATIVO Y EL DISCIPLINARIO  

Tanto para los funcionarios de libre nombramiento como para los de carrera, la declaratoria de vacancia por abandono del cargo no señala condicionamiento alguno de culpabilidad, sólo basta que este ocurra, en los términos del artículo 126 del decreto 1950 de 1973, para que la administración pueda proveer el servicio, designando a la persona que va a ocupar el lugar del funcionario que sin mediar causa hace dejación de su empleo. Es una previsión que favorece en principio a la administración no al administrado y que tiene razón lógica en la protección del interés general que anima el servicio público, el cual no puede suspenderse por el abandono que haga un funcionario de sus deberes, en los términos del artículo 126 del decreto 1950 de 1973.

Esta declaratoria de vacancia de un cargo no exige el adelantamiento de proceso disciplinario; basta que se compruebe tal circunstancia para proceder en la forma ordenada por la ley. Es decir, que ésta opera por ministerio de la ley y el pronunciamiento de la administración al respecto es meramente declarativo, lo cual podrá hacer después de adelantar un trámite breve y sumario que respete el debido proceso.

En este orden de ideas, la declaratoria de insubsistencia previa por vía administrativa y la declaratoria de destitución por vía disciplinaria, son independientes, no depende una de laotra, no son excluyentes, poseen trámites diferentes, competencia funcional diversa y con una semejanza: la misma causal: abandono del cargo. De manera que, no es ilegal la actuación de la administración, cuando actúa primero, con el procedimiento administrativo y luego con el procedimiento disciplinario, razón por la cual el cargo por este argumento no prosperará.  

Sentencia de 31 de julio de 2008, Exp. 2000 01185 01(2151-07), M.P. GUSTAVO EDUARDO GÓMEZ ARANGUREN

CONSEJO DE ESTADO:  TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO NO ES COMPETENTEPARA CONOCER DE LA LEGALIDAD DE ACTOS ADMINISTRATIVOS  

La Sección Tercera anuló el laudo arbitral proferido el 15 de mayo de 2007 por el Tribunal de Arbitramento constituido para dirimir las controversias surgidas entre la Lotería de Santander y la Unión Temporal Empresarios Unidos de Apuestas de Santander, con fundamento en la prosperidad de la causal 4, artículo 72 ley 80 de 1993. Se considera que el tribunal de arbitramento obró sin competencia cuando resolvió pretensiones y excepciones de las partes porque se pronunció sobre la legalidad del acto administrativo por medio del cual la entidad dispuso la terminación unilateral del contrato.  

 Fundamentos: 1. Se encuentra claramente demostrado que el tribunal de arbitramentoobró sin competencia legal al pronunciarse sobre la legalidad del acto administrativo de terminación unilateral del contrato, si se tiene en cuenta que: i) la entidad terminó unilateralmente el contrato estatal de concesión de apuestas permanentes No 00032 del 7 de septiembre de 2001, mediante resoluciones 0032 y 0034 de 2004, con fundamento en que el contrato se había celebrado contra expresa prohibición legal (causal 2 artículo 44 ley 80 de 1993); ii) el laudo consideró probada la nulidad absoluta del contrato, pero no por la violación de expresa prohibición legal; iii) el laudo declaró la responsabilidad contractual de la Lotería de Santander por terminar anticipadamente el contrato de concesión de apuestas permanentes, cuando no estaba comprobada la causal consistente en haber celebrado el contrato contra expresa prohibición constitucional o legal.

2. Se precisa además que los árbitros carecen de competencia para analizar la validez del contrato con fundamento en una causal de nulidad absoluta, distinta a la contenida en el acto administrativo de terminación unilateral, como quiera que este acto administrativogoza de la presunción de legalidad, desvirtuable únicamente dentro de un proceso en el que se pida expresamente la nulidad del mismo, que no podría adelantarse ante un tribunal de arbitramento, como ya se explicó.   Es inepta la demanda que se formule con el objeto de que un juez revise la ilegalidad de un contrato, que se sustenta en una causal de nulidad distinta a la contenida en un acto administrativo de terminación unilateral del contrato proferido por la Administración. Cuando existe un acto de terminación unilateral del contrato fundada en una de las causales a que alude el artículo 45 de la ley 80 de 1993, solo es dable demandar la nulidad del mismo, con sustento en otra causal de invalidez, previa demanda de laresolución correspondiente.   La Sala en abundantes providencias ha considerado que, cuando el análisis deuna pretensión impone realizar un cuestionamiento respecto del contenido de un acto administrativo que no se demandó, se produce la ineptitud de la demanda queimpide conocer la parte sustancial del proceso y pronunciarse sobre lo pedido.   

3. Se considera también que el tribunal de arbitramento obró con incompetencia al pronunciarse sobre las pretensiones de incumplimiento que propusieron los sujetos convocados, porque su análisis imponía analizar la legalidad del acto administrativo de terminación unilateral del contrato. Como se advirtió el tribunal, al declarar la responsabilidad contractual de la Lotería de Santander, con sustento en que la terminación anticipada del contrato se produjo en forma irregular, desconoció los efectos de un acto administrativo que se reputa legal.   

4. Se encuentra igualmente que la prosperidad del recurso formulado por la lotería de Santander excluye el análisis de los recursos presentados por miembros de laUnión Temporal convocada, como quiera que estos tenían por objeto la corrección, adición o complementación del laudo, en tanto no accedió a la totalidad de las pretensiones consecuenciales que formularon, con sustento en el presunto incumplimientodel contrato, que edificaron en la terminación anticipada del contrato.   

5. Como la causal que prosperó no tiene como consecuencia la pérdida de los honorariospagados al árbitro, la Sala no se pronuncia en la parte resolutiva respecto de ellos (inciso 4, artículo 40 decreto 2279 de 1989, compilado en el artículo 165 del Decreto 1818 de 1998).  

Sentencia de 15 de octubre de 2008; Exp. 200700051 00 (34302). M.P. RAMIRO SAAVEDRA BECERRA  

CONSEJO DE ESTADO:  INDEMNIZACIÓN A COLABORADOR OCASIONAL DE LAS AUTORIDADES

Para la Sala no cabe duda que la utilización de civiles como colaboradores ocasionales puede resultar necesaria y efectiva para el desarrollo de una misión oficial, sin embargo, los perjuicios que se llegaren a causar al particular que voluntariamente asiste a los miembros de la Fuerza Pública deben ser resarcidos por la Administración, pues la aceptación de dicha colaboración y la participación de esos civiles generó una circunstancia extraordinaria para quienes con buenas intenciones ayudaron al desarrollo de un servicio a cargo del Estado.  

 En efecto, cuando la Administración saca provecho y se beneficia de la colaboración ocasional de un particular y lo expone a un riesgo que finalmente le causa un perjuicio a él, a sus familiares y a terceros, se compromete la responsabilidad de la entidad pública, aunque la misma no se derive de una falla del servicio.   Reconoce la Sala que dicha colaboración casual, voluntaria y sin vínculo laboral ocontractual a favor del Estado puede presentarse y que la misma no necesariamente constituye una falta; más aún, en muchos casos esa colaboración puede resultarnecesaria para el cumplimiento de un servicio público, por lo cual los daños que se deriven de la misma por la exposición de los particulares a un riesgo anormal debe ser indemnizada por la Administración.   

De manera que la colaboración consentida o espontánea de un particular por solicitud de la Administración y su participación en un asunto del servicio público, comocircunstancia generadora de un riesgo anormal y en la medida en que se cause un daño compromete la responsabilidad del Estado, aunque dicha circunstancia no configure una falla del servicio.  

Sentencia de 14 de agosto de 2008, Exp.1995-03986- 01(16413). M.P. MAURICIO FAJARDO GÓMEZ   

CONSEJO DE ESTADO:  SUBSIDIO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL EXCEPCIÓN A LA PROHIBICIÓN DE AUXILIOS Y DONACIONES

 La autorización de otorgar subsidios, (artículo 368 Constitucional) excepción a la rigurosa prohibición contenida en el citado artículo 355 Constitucional, se aplica no sólo a los servicios públicos domiciliarios sino que también se extiende a otros eventos siempre y cuando se basen en una norma o principio constitucional y resulte imperioso para realizar una finalidad esencial del Estado.

No puede desconocerse que si bien todo subsidio estatal entraña la transferencia de recursos públicos a un particular, sin que supongan necesariamente una contraprestación por parte de éste último y por lo mismo en principio los subsidios estarían cobijados por la prohibición prevista en el artículo 355 C.N., lo cierto es que si i) se apoya en una disposición constitucional y ii) además resulta indispensable para materializar un fin esencial del Estado, la jurisprudencia lo ha encontrado autorizado. En otros términos, el artículo 355 Constitucional no sólo encuentra excepción en materia de subsidios al amparo del artículo 368 de la CP, relativo a los servicios públicos domiciliarios, sino que también existen otros supuestos que permiten que se otorguen subsidios, toda vez que aquella prohibición de los auxilios y donaciones no entraña el desconocimiento de los fines propios del Estado Social de Derecho en tanto dichas asignaciones presupuestales vía subsidio en definitiva contribuyen al cumplimiento de múltiples preceptos  Cnstitucionales que sintetizan deberes públicos del Estado. En cuanto hace relación a la asignación de subsidios para la construcción de vivienda de interés social no solamente no entraña la infracción del artículo 355 Constitucional sino que, además, comporta la efectividad de otros mandatos superiores, en tanto la prohibición contendida en aquel artículo no reviste un carácter absoluto.   O lo que es igual, no toda asignación de recursos o bienes públicos a favor de particulares, sin contraprestación, puede asimilarse a un auxilio o donación de los prohibidos, pues si con ello se cumplen finalidades constitucionales, no puede hablarse de violación delartículo 355 C.P.  

Sentencia de 6 de marzo de 2008, Exp. 1994 0102901 (16.613). M.P. RUTH STELLA CORREA PALACIO